Abstract
En diciembre de 1991, La Cámara de diputados aprobó una serie de modificaciones a la Constitución que ponen término al reparto agrario y privatizan la propiedad de la tierra de los ejidos y de las comunidades indígenas. El reparto agrario, iniciado a raíz de la Revolución de 1910, tuvo un considerable impacto social puesto que representó, para los campesinos, un medio para acceder a la posesión de la tierra, tanto por la vía de la propiedad social como de la privada. Significó, pira muchas comunidades indígenas, la restitución de considerables superficies de las que habían sido despojadas a lo largo de su historia.References
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