González Ibarra: Reseña del libro. Después de Ayotzinapa. Estado, crimen organizado y sociedad civil en México


Medianoche, nuestros hijos e hijas fueron abatidos y nos los quitaron.

Escuchar el latido de su corazón […] Oímos el latido de su corazón.

Paul David Hewson, 1987

¿Cómo entender, desde la sociedad civil y la academia, las condiciones que hicieron posible lo acontecido en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014? Con base en esta pregunta, se convocó a jóvenes investigadores de varios países y activistas mexicanos a participar en el Congreso Después de Ayotzinapa: Estado, Crimen Organizado y Sociedad Civil en México, celebrado en 2015 en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. El libro compila una selección de ensayos derivados de ponencias e incorpora la opinión de los participantes desde diversas disciplinas y tradiciones epistemológicas con la finalidad de contribuir al debate y divulgar una perspectiva crítica hacia un público especializado en Alemania y general respecto a la violencia, seguridad estatal, crimen organizado, esquemas de gobernanza, movimientos sociales y las consecuencias que estos fenómenos tienen en distintas manifestaciones socioculturales.

Desde otra perspectiva, los trabajos que se reúnen en esta obra son resultado de la necesidad para generar un diagnóstico más profundo sobre la situación de la violencia en México, de la falta de precisión conceptual y escasa base empírica del tema. En este sentido, se planteó crear puentes de discusión entre la sociedad civil y las redes de investigación que se formaron con la finalidad de avanzar hacia una construcción teórica que se nutriera de hechos y procesos objetivos donde activistas e investigadores plantearan puntos de análisis para avanzar en nuevos territorios de investigación. Para los editores (2017), «El reto consistía en incorporar los comentarios vertidos en cada una de las mesas de discusión, así como tender puentes metodológicos y conceptuales entre las contribuciones. No se buscaban capítulos inconexos, sino una compilación que pudiera leerse de forma orgánica y conjunta» (8).

En efecto, en la Introducción se advierte que el libro no sólo logró sus propósitos, sino que generó una discusión -aún necesaria y urgente- acerca de la importancia que tiene la investigación interdisciplinaria y de naturaleza transversal para comprender, desde distintas metodologías y miradas, la articulación y significado de los procesos de violencia, conformación estatal y resistencias en México. Al convocar a jóvenes e investigadores para discutir y confrontar sus análisis, el resultado fue una selección de trabajos con temas críticos y vigentes para estimar la relación violencia/Estado como categoría de análisis y generar una interpretación desde una perspectiva coyuntural y pluridisciplinaria.

En este marco, el libro ofrece una articulación en tres ejes de investigación: por una parte, aborda ciertamente la relación violencia/Estado desde diferentes dominios referidos a los actores que disputan la violencia, las formas en que se presenta y es representada, sus continuidades históricas y el contexto que la sostiene; por otro, el segundo eje ofrece una lectura sobre el crimen organizado, tratado desde una visión transdisciplinaria con base en la idea de Hannah Arendt, dominio de nadie (niemadsherrschaft), principalmente; por último, en la tercera línea de trabajo, se acentúa el concepto de sociedad civil con contribuciones provenientes de estudios culturales, la ciencia política y los estudios de género que, en conjunto, destacan la necesidad de visibilizar la violencia de género, la relevancia de las redes sociales en el alcance de los movimientos sociales y el análisis de la protesta social hacia el ámbito político institucional en México. En síntesis, estos tres ejes integran la base de los once trabajos de investigación que se presentan en el libro y que se exhiben en tres secciones para el lector: «El Estado mexicano frente a Ayotzinapa», «Antes de Ayotzinapa, violencia y crimen organizado en México» y «La reacción de la sociedad civil frente al caso Ayotzinapa».

En la primera parte, «El Estado mexicano frente Ayotzinapa», se ofrecen tres artículos. El trabajo de Alke Jenss, intitulado «Estado, violencia y criminalidad en América Latina: conceptos y categorías a partir de los casos Colombia y México», invita a pensar sobre una trayectoria histórica del concepto de Estado, así como a dialogar sobre algunas categorías para comprender la estatalidad en esta región, y pone a discusión los casos referidos como zonas en donde formaciones estatales hacen contrapunto a la noción del Estado de Derecho más tradicional. Para este autor, la situación de la violencia conduce a una revisión conceptual con el fin de establecer un marco de análisis más adecuado hacia la situación conflictiva y que permita trascender las aproximaciones convencionales al papel del Estado para y frente a la sociedad, y su papel particular en sociedades del «sur global». En su artículo se cuestiona al Estado y las modalidades de dominación y gobernanzas mismas (Cfr., 19).

Por su parte, los trabajos de Tania Ixchel Atilano Camacho, y de Sabina Morales Rosas y Carlos A., Pérez Ricart, acerca de «El caso Ayotzinapa y las vías jurídicas para responder a las preguntas: ¿quiénes, cómo y por qué?», y «Ayotzinapa: derechos humanos y militarización del campo de la seguridad en México», respectivamente, aportan una lectura fundamental para comprender los hechos ocurridos en ese lugar y apuntan a un análisis más profundo sobre la subsunción o adecuación de hechos en categorías jurídicas del derechos penal internacional y el derecho mexicano. Tania Ixchel Atilano subraya los retos legislativos y las tareas pendientes que tiene el Estado de derecho hacia el tema, así como destaca la importancia del proceso penal para contribuir a encontrar la verdad de lo sucedido. Sabina Morales y Carlos A. Pérez hacen un planteamiento cuidadoso sobre la reorientación del campo de la seguridad hacia lógicas castrenses y se hace un análisis interesante de cómo esa reorientación permitió que se configurara un evento como el de Ayotzinapa. Concluyen que «analizar las dimensiones de militarización en un caso de violaciones a los derechos humanos permite avanzar en la comprensión de los mecanismos que sostienen el engrane del campo de la seguridad en México», y sugieren que «el problema no es una política de seguridad incapaz de frenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino un campo de la seguridad que ha encontrado en dichas prácticas los medios de su reproducción» (73).

En la segunda parte de la obra, «Antes de Ayotzinapa, violencia y crimen organizado en México», se desarrollan cuatro trabajos desde una óptica teórica y metodológica particular y coinciden en avanzar hacia una posible interpretación de los hechos ocurridos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos García, de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. El trabajo de Rodrigo Llanes Salazar, «Ayotzinapa: por una antropología crítica de la violencia», aporta un argumento crítico a través del cual -y desde el campo de la antropología crítica- permite comprender el asunto (issue) de la violencia en el contexto de la agenda política en México y ofrece un análisis estructural y simbólico que hicieron, a su juicio, posible la masacre de Iguala. Para este autor,

[...] la violencia directa contra los normalistas aún sigue en la oscuridad […] la movilización de los estudiantes de Ayotzinapa y de sus familiares, la investigación realizada por el GIEI,2 así como la solidaridad de organizaciones defensoras de los derechos humanos y numerosos ciudadanos, son elementos clave para la búsqueda de verdad y justicia en este caso (92).

En este mismo tenor, el trabajo de Sherin Abu-Chouka y Héctor Jiménez Guzmán, «Crimen organizado, dominio de nadie y expiación pública: desarmando el discurso gubernamental sobre el caso Ayotzinapa», comparte una perspectiva para comprender la versión en tres dimensiones analíticas hacia el caso y destaca el uso de la idea del crimen organizado como un recurso de justificación utilizado en la perpetración del hecho que, aunque adjudicado a la delincuencia, tuvo la participación de miembros de las instituciones estatales. Asimismo, y con base en el concepto de «dominio de nadie», de Hannah Arendt, plantea un examen crítico sobre la postura ética y política del gobierno frente a este crimen.

En su lectura, se deduce que

[...] se debe reflexionar en torno a los vasos comunicantes que permiten la imbricación de la delincuencia con el Estado (las policías para nombrar el brazo más visible de esta relación) y, más aún, sobre la capacidad de organización de ésta desde las estructuras del Estado, más allá de capacidades de actores anónimos (nadies) para aprovechar los vacíos de autoridad para delinquir (112).

Desde otra mirada, el trabajo de Jennifer Chan de Ávila, «Ni reinas, ni princesas: género, prisión y criminalidad organizada», propone comprender la relación entre género, prisión y delitos contra la salud, apuntando el surgimiento de un fenómeno reciente: el caso de mujeres en prisión por delitos relacionados con la criminalidad organizada. Con base en una investigación etnográfica realizada en el Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande en Jalisco, México, se analiza el impacto que han tenido las políticas contra la criminalidad organizada en las mujeres en prisión en México. En opinión de los editores, esta experiencia resulta importante «para definir nuevas líneas de investigación y métodos que se ocupen de la relación entre violencia organizada, género y prisión en un México en el que el papel de la mujer en todos estos procesos ha sido anulado por la investigación social» (Cfr., 11).

La segunda parte concluye con el ensayo de Kenya Herrera Bórquez, «Entre el olvido, la memoria y el desafío; las disputas por los significados de la violencia en la frontera norte de México», en el cual estudia la disputa por los significados de la violencia en un espacio social y geográfico delimitado en la comunidad de Maclovio Rojas en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el norte de México. En un lugar donde el narcotráfico ha transformado las condiciones de vida de sus habitantes, el análisis de la violencia constituye un eje fundamental para la construcción de políticas que atiendan las disputas entre autoridades estatales, traficantes y pobladores. Para Kenya,

[...] lo que se observa en Maclovio Rojas es una disputa por los significados de la violencia, entre el Estado, las redes del narcotráfico y los pobladores de Maclovio Rojas, donde la memoria, el olvido y el desafío a la autoridad y a la muerte contienden por dar sentido a la vida y muerte de los que habitan este lugar (129).

Sin duda, este trabajo advierte la necesidad de construir otras categorías analíticas que expliquen las formas interiorizadas de la narcocultura y la violencia respecto a la realidad de este lugar.

La tercera parte de esta obra, «La reacción de la sociedad civil frente al caso Ayotzinapa», compila cuatro ensayos sobre el papel e incidencia política de la sociedad civil tras los eventos ocurridos en Iguala en 2014. El trabajo de Lucía Ixtacuy Figueroa, «Contra la violencia y la inseguridad. Protesta y activismo en la sociedad civil mexicana, antes y después de Ayotzinapa», presenta un panorama de las protestas y movilizaciones que precedieron a las organizadas a raíz de lo ocurrido a los estudiantes.

En este sentido, se evidencian los aspectos más relevantes de los eventos que originaron el mayor número de protestas contra la violencia e inseguridad pública y que generaron cierta afluencia para la movilización antes del 26 de septiembre de 2014. La autora concluye que «los casos que tuvieron más impacto a nivel nacional fueron aquellos que representaron los problemas de seguridad a los que enfrentaba gran parte de la población: víctimas de enfrentamientos entre bandas rivales, privación ilegal de la libertad, impunidad, y abuso de autoridad» (159), entre otros temas vinculados al proceso de institucionalización del movimiento y el papel de las redes sociales en la coordinación y direccionalidad de la protesta.

En esta línea, el trabajo de Priscila Pilatowsky Goñi, «Biografía de un trending topic: el hashtag “#YaMeCansé” en el caso Ayotzinapa», analiza -a manera de un relato- el nacimiento, vida y muerte de un hashtag y cuestiona el papel que tienen las plataformas digitales, su funcionamiento y efectividad en los movimientos políticos, así como relaciona el uso de la comunicación virtual con la televisión con base en la pertinencia de conceptos como «actor social» y «opinión pública». Para esta autora, la popularidad del hashtag «#YaMeCansé» ha trascendido la protesta por el caso Ayotzinapa para convertirse en uno de los eslogan más socorridos de la protesta reciente de México y ha coadyuvado a visibilizar la violencia generalizada en el país.

En suma Twitter, junto con otras redes sociales en México han sido medios de presión política, fuente de información, instrumento de organización ante desastres y recursos de sobrevivencia […] Queda preguntarnos en qué medida la duración de una protesta depende de la capacidad de mantener la atención en las redes sociales […] analizar las redes sociales como plataforma de observación de la sociedad civil, impone nuevos retos (Cfr., 176).

La tercera parte del libro concluye con los trabajos de María Graciela León Matamoros, del Colectivo La que Arde, intitulado «En el país de las ausencias. Feminicidio y activismo social en México», y de Nina Lawrenz, «¡¿Yo (no) soy Ayotzinapa?! Perspectivas feministas y reflexiones de discursos en el caso Ayotzinapa». En el trabajo de María Graciela, desde una perspectiva de la organización social que forma parte, se intenta ofrecer un panorama del problema del feminicidio en México y se establece que en este tema no sólo interviene el Estado, sino que la sociedad también forma parte, a veces cómplice de la situación; asimismo, se ahonda en la negligencia y corrupción de funcionarios que se aprovechan de la vulnerabilidad económica de los familiares de la víctimas y que hacen imposible el acceso a la justicia. El ensayo pone en evidencia algunos elementos que contribuyen a la descomposición del Estado y la falta o carencia de políticas públicas hacia la impunidad y advierte la necesidad de trabajar en la formulación de mecanismos de prevención, y concluye con un planteamiento interesante sobre la labor que tiene el trabajo de ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de la justicia para aquellas mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas.

En el trabajo de Nina Lawrenz, para comprender la profundidad de los debates feministas y las dificultades de las políticas de representación, se propone discutir las maneras en que el debate sobre el ser o no ser Ayotzinapa fue recibido por distintos grupos feministas mexicanos y cómo éstos se posicionaron al respecto. Con base en un análisis de los comunicados y publicaciones que se hicieron virales sobre tres posicionamientos feministas, se destaca la tensión entre políticas de representación, políticas de identidad y políticas de solidaridad y las subalteridades que se presentan. Desde la perspectiva de la autora,

[...] se busca dar un panorama sobre los diferentes posicionamientos que asumieron grupos e individuos feministas frente a la movilización de millones de personas que marcharon para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas […] queremos demostrar que, por un lado, existe una demanda en común que une a las diferentes corrientes; reclamar justifica y luchar en contra de la violencia (estatal) en México y en contra de un sistema patriarcal, neoliberal, clasista, racista y heteronormativo (Cfr., 194-195).

En síntesis, los trabajos que se presentan en esta obra apuntan hacia una discusión permanente para comprender la compleja relación entre Estado/violencia en México. Con base en las tesis desarrolladas y en las evidencias de cada artículo presentado, se puede inferir la necesidad de profundizar en las líneas de investigación vinculadas a la crisis de representación política y la pérdida de confianza institucional que se registra en el Estado mexicano, concretamente a la incapacidad gubernamental para esclarecer los hechos y la impunidad que, de alguna u otra forma, ha protegido a políticos involucrados en el caso. En mi perspectiva, los hechos presentados y la ola de confusión gubernamental no sólo provocaron odio y repudio a las estructuras de gobierno, sino que contribuyeron a crear un clima de inconformidad de la ciudadanía hacia los métodos utilizados para analizar y atender los conflictos y asuntos públicos en el sistema político en los últimos años.

Como bien apunta Alke Jenss (2017:20), la situación de la violencia lleva a pensar lo conceptual y exige aclarar de qué forma el discurso del «Estado fallido» ha sido reemplazado por conceptos como «debilidad» o «fragilidad» por la exposición y vulnerabilidad hacia amenazas externas. En efecto, el caso Ayotzinapa ha puesto en evidencia no sólo la falta de brújula gubernamental, sino advierte la relevancia del análisis de coyuntura para profundizar en el estudio de las relaciones de poder en este lugar, caracterizado por la presencia de grupos y organizaciones gubernamentales vinculadas al narcotráfico y otras formas de control político que han rebasado las capacidades del Estado y acentúan la crisis de gobernabilidad. En consecuencia, es necesario generar una revisión analítico-empírica cuidadosa para comprender los hechos desde diversas ópticas epistemológicas y delinear una mejor estrategia de investigación social hacia el tema.

Por otro lado, el caso de Ayotzinapa pone en la agenda de discusión la revisión de los procesos de gobierno y la falta de coordinación gubernamental a escala federal y local para enfrentar la ola de violencia, crimen organizado, inseguridad y corrupción que se registra en este lugar del país en los últimos veinte años. Es importante resaltar que el contexto social y económico donde se ubica a las escuelas normales en Guerrero se desarrolla en un escenario caracterizado por la pobreza, la marginación social y el tráfico de armas, en el cual el municipio de Iguala es el punto de entrada a la llamada «Tierra Caliente» (región entre Guerrero y Michoacán) donde es posible que los llamados cárteles posean sus territorios para el cultivo de todo tipo de drogas que se comercializan en el mundo. Pese a esto, las escuelas o normales rurales, como exactamente la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos García, constituyen una de las pocas vías de movilidad social que tienen los jóvenes en la región y, de alguna u otra forma, de socialización política hacia en su entorno. Insisto, el caso Ayotzinapa pone sobre la mesa a discusión la enorme crisis de representación política en México y muestra la necesidad de generar mayores espacios de incidencia política desde la sociedad civil organizada hacia el conjunto de instituciones que no poseen los mecanismos adecuados para atender los conflictos y generar estabilidad política.

Finalmente, como parte de las valiosas contribuciones de los autores de este libro al tema, y de su interés por abordar categorías complejas en la relación Estado/violencia política desde Alemania, es importante concluir que este libro constituye una aproximación valiosa al estudio de los movimientos sociales y políticos en México, en el cual su compilación fue asumida como un desafío teórico y práctico con el fin de establecer, de manera sintética y rigurosa, una perspectiva para comprender un hecho social que ha sido tergiversado desde la posición oficial gubernamental y que, a mi juicio, contribuye a generar un acercamiento y opinión más coherente para desentrañar y comprender los acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Asimismo, aporta investigación aplicada en otros temas para comprender el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de solidaridad, la creación de redes e intercambio político con la finalidad de generar una posición crítica hacia el tema en su conjunto.

A más de dos años de la masacre y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la violencia en México, especialmente en el estado de Guerrero, no cesa y pone en evidencia la falta de políticas adecuadas por el Estado mexicano para contrarrestar la impunidad, corrupción e inseguridad y, por el contrario, advierte un aumento importante del número de homicidios registrados. En este encuadre, es importante matizar que el estudio de los procesos sociales y políticos no son lineales, sino requieren de un análisis puntual para distinguir las diversas lógicas políticas que se presentan en la construcción social del hecho y que exigen una evaluación constante para estimular el diálogo desde una perspectiva abierta, plural e interdisciplinaria.

Por último, y como se deriva del texto, considero que el caso Ayotzinapa es posible que sea resultado de una serie de procesos políticos entrecruzados que, con mayor o menor densidad, han puesto en evidencia la crisis de representación, la pérdida de confianza institucional y la disminución de la legitimidad política del Estado contemporáneo en México. A decir de Omar García Velásquez, sobreviviente de la masacre, «Ayotzinapa demuestra la incapacidad del gobierno mexicano para realizar investigaciones y la facilidad que tiene para armar teatros y telenovelas para el público» (Cfr., entrevista en la BBC, 22 de enero de 2016, <http://www.bbc.com/>)».

Notes

[1] El GIEI es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos García, de Ayotzinapa, en Guerrero, México. Cfr., <http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa>.



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