Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un abordaje psicosocial de las actitudes de apoyo al sistema político democrático de ciudadanos/as de la Ciudad de Córdoba (AR). El estudio de la vinculación de la ciudadanía con el sistema político no sólo atañe a los análisis relativos a la estabilidad y calidad de las democracias, sino que también puede comprenderse como un indicador de la cultura política de las naciones y, además, estas actitudes facilitan la comprensión de comportamientos sociales y políticos (Somuano Ventura, 2005).
En el contexto regional latinoamericano, el proceso de consolidación democrática inicia hacia finales de la década de los ochenta, luego de unos veinte años de alternancia entre democracia y autoritarismo (Alister Sanhueza, Cea Sánchez & Guerrero Chinga, 2015). Al respecto, la literatura en el área señalaba el déficit de legitimidad democrática como una de las bases de esta oscilación y, en función de ello, se esperaba una nueva ola de autoritarismos unos quince años después (Seligson, 2002). Sin embargo, la democracia se ha visto fortalecida, contando con aprobación casi unánime de la población y sin signos de debilitamiento, a pesar de que sus niveles de legitimidad no se han visto particularmente incrementados. De este modo, el apoyo a la democracia se ha generalizado, trascendiendo fronteras culturales, religiosas y políticas, hasta convertirse casi en el único modelo político apreciado globalmente (Dahlberg, Linde & Holmberg, 2015; Magalhaes, 2014), pero sin traducirse esto en satisfacción respecto al funcionamiento real de los regímenes democráticos actuales. Así, la literatura en el área señala la existencia de altos porcentajes de ciudadanos que pueden denominarse como «demócratas insatisfechos» (Dahlberg et al., 2015; Doorenspleet, 2012; Zovatto, 2002), personas que manifiestan un acuerdo básico con la permanencia de la democracia, pero no creen que ésta sea eficaz en la resolución de los problemas de la ciudadanía. Desde la perspectiva de la psicología política, si bien hay literatura que documenta estos perfiles, los abordajes que lo hacen empíricamente son relativamente escasos (Dahlberg et al., 2015). Para el caso de Argentina, según datos de Latinobarómetro de 2015, mientras que más del 70% de los/as ciudadanos/as prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, casi el 50% se encontraba poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la misma.
En función de ello, a la hora de indagar acerca de las actitudes hacia el sistema político democrático consideramos relevante la inclusión de abordajes complejos, a través de indicadores que trasciendan la mera preferencia por la democracia. Hoy día, se registra una tradición de estudios, principalmente aquellos derivados de programas de encuestas globales, como la World Values Survey, que generan indicadores unidimensionales en que preguntan directamente si la persona cree que la democracia es o no el mejor sistema de gobierno. Si bien estas perspectivas tienen gran desarrollo, planteamos aquí la necesidad de recuperar otras relativamente más complejas que combinan estos indicadores directos con otros indirectos. En función de este carácter «indirecto», puede esperarse que estas últimas generen respuestas relativamente menos cínicas o menos sesgadas por la deseabilidad social. En consecuencia, adoptaremos aquí un abordaje de las actitudes hacia la democracia que incluye aspectos relativos a su funcionamiento y principios básicos y, en función de las mencionadas tensiones entre éstos, evaluamos si efectivamente hay diferencias en el modo en que las personas valoran los distintos aspectos del régimen político democrático.
En relación con lo anterior, destacamos que los estudios clásicos sobre la legitimidad política (i.e. Easton, 1975), sostienen esta diferenciación en términos de apoyo específico -evaluaciones concretas e inmediatas respecto a lo que las autoridades políticas hacen y cómo lo hacen- y apoyo difuso -evaluaciones de los aspectos más básicos del sistema-. Este último es entendido como una dimensión más propia de la legitimidad política al dar cuenta de situaciones donde los ciudadanos toleran -y aún aceptan-, por ejemplo, decisiones políticas a las que se oponen.
Además, según esta distinción, habría fuentes diferentes para los distintos tipos de apoyo. En el caso del apoyo específico, serían relevantes las evaluaciones de desempeño y confianza en las autoridades; mientras que, para el caso del apoyo difuso, cobrarían relevancia aspectos como los procesos de socialización y las propias experiencias. Así, podría esperarse que las evaluaciones de desempeño y confianza fueran poco relevantes en el desarrollo de actitudes más generales de apoyo al sistema democrático. Sin embargo, Magalhaes (2014) cuestiona esta idea y encuentra que la percepción de la efectividad del gobierno se relaciona con mayores niveles de apoyo a la democracia. En el mismo sentido, en el contexto de democracias poscomunistas, Linde (2002) encuentra que las percepciones de justicia y corrupción tienen un fuerte efecto no sólo en el apoyo al desempeño del sistema político (apoyo específico), sino también a sus principios básicos (apoyo difuso). Además, ambos autores sostienen que el rol de los aspectos de desempeño sería más relevante en democracias recientes y en procesos de consolidación democrática. En consecuencia, se espera que estos aspectos sean particularmente importantes en las valoraciones de la democracia en Argentina, una democracia joven que -con sólo 34 años- atraviesa el periodo ininterrumpido más largo de su historia.
Vinculados al desempeño de los regímenes políticos, la literatura previa señala cómo la corrupción política mina las bases del apoyo al sistema (Alister Sanhueza et al., 2016), aunque suele no ser consistente respecto a la magnitud real del impacto sobre su estabilidad y continuidad. Al respecto, Beramendi y Zubieta (2013) entienden que una percepción negativa del sistema normativo en un contexto de alta corrupción, eventualmente se traduce en una percepción de las instituciones políticas como arbitrarias y poco creíbles. En este sentido, si bien Moraes, Santos y da Silva Torrecillas (2014) no encuentran relación entre la percepción de corrupción y la confianza política, sí lo hacen con la calidad democrática. Sin embargo, Morales Quiroga (2009), a partir de datos del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) del año 2006, entiende que no es la percepción de corrupción la que tiene un impacto en la valoración de la democracia, sino que son las experiencias personales de corrupción las que impactan negativamente en esta valoración. Por el contrario, Linde y Erlingsson (2013), en un contexto como el suizo con niveles de corrupción significativamente menores, encuentran que las percepciones de corrupción sí constituyen un importante determinante del apoyo al sistema democrático. Es interesante dar cuenta de que en contextos menos corruptos sea donde la percepción de corrupción tenga un impacto negativo mayor.
Sin embargo, en contextos como el argentino -donde la mayoría de las personas percibe niveles bajos o muy bajos de transparencia en el gobierno (Corporación Latinobarómetro, 2015)- las mediciones de percepción de corrupción pueden no arrojar datos significativos dada su escasa variabilidad. Un abordaje alternativo consiste en medir la tolerancia a comportamientos trasgresores. En este sentido, Pozsgai Álvarez (2014) sostiene que altos niveles de corrupción conducen eventualmente a mayor tolerancia a la misma y Tverdova (2009; citado en Pozsgai Álvarez, 2014) entiende que esta tolerancia puede impactar en el apoyo al sistema político en general y también en la confianza y comportamientos políticos en particular. A nivel empírico, Morris y Klesner (2010) encuentran en México que aquellos que toleraban más la corrupción la percibían menos y, además, confiaban más en las instituciones políticas, lo cual constituiría un hallazgo opuesto a lo esperado teóricamente. En función de estos antecedentes, se espera que la tolerancia a la corrupción se vincule con las actitudes hacia la democracia, aunque la evidencia previa acerca de la dirección de esta relación es contradictoria.
Otra variable relacionada con la legitimidad política es la participación política, frecuentemente señalada en la literatura como condición esencial para el funcionamiento de la democracia y la estabilidad social al promover la eficacia y responsabilidad ciudadanas (Imbrasaité, 2009; Inglehart, 2003). En este sentido, para la vitalidad del sistema democrático es importante no sólo el resultado de la participación, sino la experiencia en sí misma.
Desde la perspectiva de la psicología política, tanto la propia definición de qué actividades se consideran como participación política como su clasificación tienen un carácter situado (Sorribas & Brussino, 2013) y variable (Brussino, Imhoff, Rabbia & Paz García, 2013), siendo la dicotomización en modos de participación convencionales y no convencionales la que cuenta con mayor tradición en el área. Uslaner (2004) encontró que la participación convencional (en instancias previstas por el sistema político) reflejaba actitudes de apoyo al sistema, mientras que quienes participaban en acciones no convencionales (por ejemplo, de protesta) creían que el sistema político y económico no era eficaz y que participar en actividades políticas tradicionales no era efectivo. Así, las personas que participan convencionalmente mostrarían mayores niveles de confianza en el sistema político, y serían menos propensas a involucrarse en la política de manera no convencional. Sin embargo, en Córdoba, esta bidimensionalidad no se ha sostenido, encontrándose también dimensiones mixtas de participación, mejor definidas en función de sus objetivos que de su carácter convencional o no convencional (Brussino et al., 2013).
No obstante, estos antecedentes apoyan la idea de que, si bien la participación es condición necesaria para la visibilización y reconocimiento de diversas voces e intereses, no toda participación política está motivada por un apoyo al sistema político ni conduce directamente a actitudes democráticas. Según Hooge (2003), se requieren otras condiciones vinculadas al tipo de participación, contexto y aspectos como el nivel educativo.
En la misma línea, al examinar la acción colectiva, Sabucedo, Durán, Alzate & Barreto (2011) destacan la relevancia del tipo de situación que desencadena la acción y su relación con aspectos emocionales e ideológicos. Así, si bien se espera un vínculo entre la participación política y el apoyo al sistema político democrático, éste puede no ser transversal a todos los tipos de participación política.
Por otra parte, recuperamos aquí algunas variables típicas de estudios sobre cultura política vinculadas a actitudes hacia el sistema político. Uno de los aspectos más representativos de estos abordajes es el de los valores sociales. Al respecto, Pereira, Lima y Camino (2001) entienden que los valores sustentan las estructuras jurídico-políticas a través de las cuales se ejerce el poder, al mismo tiempo que las doctrinas políticas son discursos más sobre valores que sobre hechos. Los valores, entendidos como una organización duradera de creencias en relación con los modos de conducta preferibles o estados finales de existencia (Rokeach, 1973), pueden convertirse en heurísticos, que orientan las acciones, valoraciones y actitudes sociales (Pereira et al., 2001).
En este estudio seguimos la propuesta teórica de Pereira, Camino y Bastos da Costa (2004), que articula elementos de la teoría de los tipos motivacionales de Schwartz (1992) -de corte más individual- y de la perspectiva sociológica de Inglehart (1997). Estos autores proponen que los sistemas de valores se anclan en las identidades de los grupos sociales y en los posicionamientos ideológicos derivados de ellas, expresan conflictos ideológicos en las sociedades y orientan los comportamientos (Pereira et al., 2004). En este marco, Pereira et al. (2001) examinan la relación entre los sistemas de valores y las actitudes democráticas, encontrando que mientras que los valores religiosos se asocian a una actitud negativa hacia la democracia, los valores posmaterialistas lo hacen positivamente. Por su parte, Inglehart (2003) destaca también el rol de los valores sociales posmaterialistas en el desarrollo de actitudes democráticas en una sociedad. Consecuentemente, hipotetizamos una vinculación entre los valores sociales y apoyo al sistema político democrático, replicando lo hallado en estos estudios previos.
En relación con lo anterior, diversos estudios señalan la cercanía conceptual entre valores sociales e ideología política. Zubieta, Delfino y Fernández (2007) encontraron que la adscripción a ideologías de izquierda se asociaba positivamente a valores de auto-trascendencia y apertura al cambio y negativamente a valores de conservación, mientras que la adscripción a la derecha lo hacía positivamente con valores de esta última dimensión (i.e. tradición, conformidad). En un trabajo más reciente, Brussino, Sorribas, Rabbia y Imhoff (2013), constatan esta vinculación en un estudio donde la ideología es definida operativamente (posicionamientos respecto a issues de actualidad y política), encontrando, por ejemplo, que quienes adscribían a ideologías progresistas manifestaban menor adhesión a valores normativos (religión, obediencia, tradición), ocurriendo lo inverso entre los conservadores. Estos últimos, además, manifestaban alta adhesión a valores de la dimensión existencia (estabilidad, supervivencia y salud). Tomados en conjunto, estos antecedentes permiten postular una relación entre ambos constructos.
Adicionalmente, los desarrollos desde la teoría de justificación de sistema señalan el rol de la ideología en el sostenimiento de los sistemas políticos, económicos y sociales. Así, Jost y Hunyady (2005) postulan el conservadurismo político como una de las ideologías que sirve a la función de legitimar el orden social existente. En función de esto, podría esperarse una relación positiva entre el conservadurismo político y la legitimación del sistema político vigente. Sin embargo, Rutto, Russo y Mosso (2014), sostienen que las actitudes conservadoras/progresistas refieren principalmente a la esfera económica y social y que, en consecuencia, es esperable que este aspecto de la ideología se relacione con la justificación del sistema económico y social, pero no con la democracia en sí misma. En función de este último planteo, no sería esperable que la ideología política tuviera relación con el apoyo al sistema democrático.
Por otra parte, distintos estudios abordan la relación entre el estatus del grupo de pertenencia y la tendencia a justificar el statu quo. En este sentido, algunos antecedentes sostienen que los grupos de mayor estatus tendrán mayor tendencia a justificar el sistema (Kelemen, Szabó, Mészárosa, Lászlób & Forgas, 2014; Rutto, Russo & Mosso, 2014), dado que esto favorece su posición «privilegiada». La evidencia empírica al respecto señala que un mayor nivel socioeconómico y mayor cantidad de años de educación impactan positivamente en las actitudes democráticas (Alister Sanhueza et al. 2016; Carlin, 2006; Corporación Latinobarómetro, 2013; Doorenspleet, 2012; Linde & Elingsson, 2012). Sin embargo, otros autores encuentran que son los grupos más desfavorecidos los que manifiestan una tendencia mayor a la justificación del orden vigente (Henry & Saul, 2006). Este hallazgo podría justificarse por necesidades cognitivo-motivacionales, como la reducción de la disonancia cognitiva que implica participar en un sistema personalmente costoso (Jost, Pelham, Sheldon & Sullivan, 2003). Así, las personas más desfavorecidas por el statu quo serían las que tienen una necesidad mayor de reducir la disonancia ideológica y, en consecuencia, tendrían una tendencia mayor a justificar los sistemas sociales y sus autoridades. En función de esta evidencia previa, se considera relevante la inclusión de variables sociodemográficas que nos permitan dar cuenta del estatus y su rol en las actitudes hacia el sistema político democrático.
Finalmente, si bien la evidencia previa regional no sugiere vinculación entre la edad y las actitudes hacia la democracia (i.e, Latinobarómetro, 2013), Seligson (2002) sugiere que los más jóvenes podrían tener actitudes más favorables hacia el sistema político debido a su reciente experiencia de socialización política en la educación formal, mientras que las personas de mayor edad han tenido posibilidad de transitar experiencias negativas con el mismo.
En conjunto, estos antecedentes nos permitieron dar cuenta de la relevancia del estudio de las actitudes hacia el sistema político democrático. Así, se abordan las diferencias en las actitudes ciudadanas hacia la democracia en relación con tres dimensiones: preferencia por el régimen político democrático, valoración de la democracia como ideal y satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Además, se examina el rol de las evaluaciones de desempeño de los actores políticos, tolerancia a la corrupción política, participación política, valores psicosociales, autoposicionamiento ideológico y variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel educativo y nivel socioeconómico) en la predicción de actitudes de apoyo al sistema político democrático. Si bien el carácter transversal de este abordaje no nos permite dar cuenta de la evolución de estas relaciones en el tiempo, ni determinar la dirección causal de algunas de ellas, el diseño metodológico aplicado, junto con los antecedentes teórico-empíricos en el campo, permite una aproximación a relaciones de tipo explicativo.
Consecuentemente, teniendo en cuenta los antecedentes teóricos y empíricos y en función de los objetivos de investigación propuestos, se plantean las siguientes hipótesis:
H1. Las personas mantendrán distintos niveles de apoyo a la democracia al ser examinada en sus distintas dimensiones, siendo estos mayores a la mera preferencia por el régimen democrático y más bajo respecto a la satisfacción con su funcionamiento (Latinobarómetro, 2013, 2015; Zovatto, 2002).
H2. Teniendo en cuenta que la democracia argentina es una democracia joven, las evaluaciones de desempeño y confianza institucional se relacionarán no sólo con los aspectos específicos de desempeño del régimen político, sino también con el apoyo básico al régimen y sus principios generales (Linde, 2002; Magalhaes, 2014).
H3. La tolerancia a la corrupción se relacionará con las actitudes hacia la democracia, aunque la evidencia previa respecto a la dirección de esta relación es contradictoria (Linde & Erlingsson, 2013; Moraes, Santos & da Silva Torrecillas, 2014; Morris & Klesner, 2010; Pozsgai Álvarez, 2014).
H4. La participación política se vinculará con las actitudes hacia la democracia y, según los antecedentes, se espera que la relación dependa del tipo de participación (Hooge, 2003), siendo las acciones de tipo más convencional las que predicen mejor las actitudes de apoyo al sistema político (Uslaner, 2014).
H5. Los valores religiosos se asociarán negativamente con actitudes favorables hacia la democracia y los valores posmaterialistas lo harán positivamente (Pereira et al., 2001).
H6. Respecto al autoposicionamiento ideológico, los antecedentes empíricos no arrojan claridad respecto a su rol en relación con las actitudes hacia la democracia, de modo que tenemos tres hipótesis alternativas al respecto:
H6A. En función de su relación con los valores sociales, se espera que la relación entre el autoposicionamiento y las actitudes hacia la democracia sea del mismo signo que aquella entre esta última y los valores psicosociales (Brussino, Sorribas et al., 2013), de modo que mientras más hacia la izquierda se ubique una persona en el espectro ideológico mantendrá actitudes más favorables hacia la democracia.
H6B. Alternativamente, desde una perspectiva de justificación de sistema, las personas más conservadoras manifestarán actitudes más favorables hacia el sistema vigente, a favor del sostenimiento del status quo (Jost & Hunyady, 2005).
H6C. Finalmente, desde la perspectiva de Rutto et al. (2014), el autoposicionamiento no se relacionará con las actitudes hacia el sistema político democrático.
H7, Respecto al NSE, se espera que se relacione con las actitudes hacia la democracia, aunque los antecedentes son contradictorios respecto al signo de esta relación sistema (Henry & Saul, 2006; Kelemen et al., 2014; Rutto et al., 2014).
H8. Un nivel educativo mayor se relacionará con actitudes más favorables hacia la democracia (Corporación Latinobarómetro, 2013).
Respecto a la edad, lo antecedentes sugieren dos hipótesis alternativas:
H9A. La edad no es un predictor significativo de las actitudes hacia la democracia (Latinobarómetro, 2013).
H9B. Las personas más jóvenes tendrán actitudes más favorables hacia la democracia debido a su reciente experiencia de socialización política en el sistema educativo (Seligson, 2002).
Método y materiales
Participantes: la población en estudio comprendía a ciudadanos/as de Córdoba de 18 a 65 años. La muestra fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico ajustado por cuotas de sexo, edad y nivel socioeconómico (Lohr, 2000). Así, si bien se trató de una muestra no representativa, se garantizó una distribución similar a la población real en términos de aspectos sociodemográficos. De cualquier modo, este tipo de muestreo nos exhorta a mantenernos cautos en la generalización de los resultados a la población. Para la definición de estas cuotas, se tomaron en cuenta proporciones estimadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Así, quedó conformada por 250 personas, de las cuales el 49.2% fueron mujeres y cuya media de edad fue de 38.8 años. Respecto a su nivel socioeconómico, el 6.7% pertenecía a un nivel alto, el 17.1% medio-alto, el 24.2% medio típico, el 27% medio-bajo, el 17.1% a un nivel socioeconómico bajo y el 7.9% marginal.
Instrumentos
Variables sociodemográficas. Para el registro del sexo, edad y nivel educativo, se construyeron preguntas cerradas de alternativa fija. En el caso del nivel socioeconómico, se tomó un índice que contempla la relación entre la cantidad de personas que aportan ingresos al hogar y miembros del mismo, ocupación (medida de modo abierto y luego recodificada en trabajos no calificados, operativos, técnicos o profesionales), nivel educativo y cobertura de obra social del principal sostén del hogar e indicadores de indigencia (Comisión de Enlace Institucional, AAM, SAIMO, CEIM, 2006).
Apoyo al Sistema Político Democrático. A partir de los ítems de la Word Values Survey que evalúan apoyo al sistema democrático (Magalhaes, 2014) y de la escala de Actitudes Democráticas desarrollada por Pereira et al. (2001), se generaron 12 ítems, con formato de respuesta tipo Likert de 6 puntos. En función de un análisis factorial con el método de componentes principales (KMO=,80; p≤,001), se obtuvieron tres factores que explicaron el 61.86% de la varianza: preferencia por un régimen político democrático (α=,61) que indaga la preferencia por la democracia, a la vez que el rechazo a otros sistemas políticos; valoración de la democracia como ideal (α=,85), que evalúa la importancia de los ideales democráticos para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (α=,77), que evalúa la percepción de este sistema político como uno eficiente para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Si bien el coeficiente de confiabilidad de la subescala de preferencia por un régimen político democrático es relativamente bajo, la literatura en el área considera aceptables niveles de confiabilidad desde 60, siempre que los resultados no sean utilizados para tomar decisiones sobre la vida de las personas y se considere el contexto de producción de la escala (Aron & Aron, 2001; Maroco & García-Marques, 2006).
Autoposicionamiento ideológico. Evaluada a través de un único ítem que pide al participante que se posicione en una escala de 7 puntos que va de totalmente de izquierda a totalmente de derecha en función de su autopercepción ideológica.
Valores psicosociales. Escala desarrollada por Pereira et al. (2004) en el contexto brasilero. Se presenta al/la participante una lista de 24 valores a los debe asignar una puntuación de 1 a 10, según la importancia que le asigne para la construcción de una sociedad ideal (por ejemplo, autorrealización, libertad, riqueza, placer). Los valores se distribuyeron en cuatro dimensiones: Materialismo (α =,81), Hedonismo: (α=,81), Posmaterialismo (α =,79) y Religiosidad (α =,92). Si bien la propuesta de los autores consideraba tres subdimensiones en la escala de valores posmaterialistas, en este caso confluyeron en una única dimensión más general.
Tolerancia a la corrupción política. Escala de ítems desarrollada ad hoc que indaga acerca de la tolerancia a hechos de corrupción por funcionarios (por ejemplo, que un funcionario utilice fondos públicos para objetivos personales). Para su formulación, se tomaron en cuenta situaciones analizadas en otros estudios latinoamericanos (Bailey & Paras, 2006; Rottenbacher & Schmitz, 2012). Las opciones de respuesta van de 1=mal en todos los casos a 6=bien en todos los casos. El coeficiente de confiabilidad de esta escala fue de α=,60 y la estructura unidimensional (KMO=,63; p≤,001) explicó un 45.9% de la varianza. Si bien estos indicadores son aceptables, no son óptimos, por lo que los resultados respecto a esta variable serán interpretados teniendo en cuenta estas limitaciones.
Evaluación de los actores políticos. Confeccionada ad hoc. Consta de 24 afirmaciones con opciones de respuesta en formato tipo Likert de 5 puntos que evalúan la percepción ciudadana respecto al «desempeño de» y «confianza en» los actores políticos de los tres poderes del Estado nacional (ejecutivo, legislativo y judicial; por ejemplo, en general, «los legisladores nacionales toman decisiones apropiadas, pensando en el bien del país» y «confío en que el Poder Ejecutivo nacional tome decisiones que son correctas para el país»). Para su confección, se tomaron como referencia indicadores de estudios regionales (Lodola & Seligson, 2011, 2013; Booth & Seligson, 2005) y se realizaron juicios de expertos y pruebas piloto previas. La confiabilidad de la escala total fue de α=,91 y la estructura unidimensional (KMO=,93; p≤,001. 38,6% de varianza explicada).
Participación política. Veintiún ítems que indagan acerca del involucramiento en acciones y prácticas políticas. La participación en cada actividad fue ponderada por el nivel de importancia asignado por la persona en una escala de 1 a 10. En función de un análisis factorial exploratorio, a través del método de componentes principales con rotación promax (KMO=,83; p≤,001), se obtuvieron tres dimensiones que explican el 51.1% de la varianza y que reflejan distintos tipos de participación: Participación Política Partidaria-Electoral (α=,88), que incluye acciones como recolección de firmas para avales y asistencia u organización de mítines partidarios; Participación Política de Contacto (α=,82), que agrupa acciones vinculadas al contacto directo con actores políticos partidarios, y Participación Política No convencional y de Protesta (α=,75), que implica acciones de mayor intensidad como escraches, marchas y cortes de calles o rutas.
Procedimiento
El cuestionario fue administrado en formato papel, de forma individual y personal por entrevistadores capacitados. Previo a ello, se obtuvo el consentimiento informado de los/as participantes, garantizando la voluntariedad de la participación, así como el anonimato y la confidencialidad en el tratamiento de los datos.
Análisis de datos
En primera instancia, con el objetivo de conocer las características de la distribución de los datos, realizamos análisis estadísticos univariados. Para dar respuesta a nuestro primer objetivo, se realizaron pruebas t para muestras relacionadas, examinando las diferencias en las puntuaciones medias de las dimensiones de las actitudes hacia la democracia. Luego, se hicieron análisis de regresión múltiple utilizando el método de pasos sucesivos (stepwise) para analizar el aporte de las variables independientes en estudio a la explicación de las dimensiones de apoyo al sistema político democrático. Se escoge este método de estimación porque permite obtener modelos explicativos más parsimoniosos donde se incluyen sólo las variables que hacen un aporte significativo a la explicación de la variable dependiente. Asimismo, para garantizar la confiabilidad de estos modelos se comprobaron los supuestos que subyacen a análisis multivariados de linealidad, independencia, homocedasticidad, normalidad y no colinealidad de los residuos (Tabachnick & Fidell, 2013).
Resultados
Respecto al primer objetivo, los resultados de las pruebas t arrojaron diferencias significativas entre las tres dimensiones de actitudes hacia la democracia, dando cuenta que la valoración del sistema no es uniforme en todos sus aspectos. En concreto, la media de valoración de la democracia como ideal (M=5,03) fue la más alta y se diferenció significativamente de la preferencia por un régimen democrático (M=4,82) (t=2,74, p≤,01) y, principalmente, de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (M=3,57) (t=16,64, p≤,001), siendo esta última significativamente más baja. Además, la preferencia por un régimen democrático se diferenció también de la satisfacción con su funcionamiento (t=15,55; p≤,001). Estos resultados apoyan la H1, permitiéndonos sostener tres grupos actitudinales diferenciados respecto a la democracia como objeto político.
En relación con nuestro segundo objetivo, en la Tabla 1 se exponen los modelos de regresión múltiple obtenidos, listando las variables que alcanzaron significación estadística en alguno de los modelos y también aquellas que fueron incluidas en las estimaciones, pero no alcanzaron significación.
Tabla 1
La preferencia por el régimen democrático es la dimensión mejor explicada por nuestros predictores (35.5% de la varianza explicada). En este modelo, una menor adhesión a valores religiosos (β=-,28), un autoposicionamiento ideológico orientado hacia la izquierda (β=-,23) y menor tolerancia a la corrupción política (β=-,18) junto con una mayor participación partidaria electoral (β=,16) y un nivel educativo más alto (β=,15) predicen la preferencia por un régimen democrático. En este sentido, son los aspectos ideológicos y normativos los que tienen un poder explicativo mayor, mientras que los aspectos evaluativos de desempeño institucional no resultan significativos.
Por su parte, las variables en estudio predijeron un 25.8% de la varianza en la dimensión de valoración de la democracia como ideal. De nuevo, la edad (β=,13) y la tolerancia a la corrupción política (β=-,26) fueron predictores estadísticamente significativos, mientras que en este caso fueron los valores posmaterialistas los que predijeron estas actitudes (β=,28). Además, la evaluación positiva de los actores políticos (β=,25) y una mayor edad (β=,24) realizaron aportes significativos a la explicación de la variable. Se destaca aquí que los aspectos relativos a la evaluación de actores políticos y a la corrupción se ubican entre los predictores más relevantes, aun cuando la variable dependiente recoge expresiones abstractas sobre actitudes hacia el sistema.
Por último, nuestro modelo de regresión para la variable dependiente que examina la satisfacción con el funcionamiento de la democracia consigue explicar el 29% de la varianza. De modo llamativo, el nivel educativo es aquí el predictor de mayor peso (β=,29), siendo las personas de mayor nivel educativo las más satisfechas con la democracia. También, en consonancia con lo esperado en función de la teoría, aspectos evaluativos más específicos del sistema fueron significativos. Así, menor tolerancia a la corrupción política (β=-,17) junto a una evaluación favorable de los actores políticos (β=,18) predijeron la variable dependiente. Finalmente, menor adhesión a valores religiosos (β=-,20) y mayor adhesión a valores posmaterialistas (β=,11) y mayor participación partidaria electoral (β=,15) se asociaron con mayor satisfacción con el funcionamiento de la democracia.
Consistentemente con la bibliografía previa (Pereira et al., 2001), los valores materialistas y hedonistas no se vincularon con las actitudes hacia la democracia en ningún caso. Además, otros tipos de participación política (de contacto y no convencional/de protesta) y el nivel socioeconómico tampoco tuvieron relación significativa con las este tipo de actitudes hacia el sistema político.
Discusión
El presente trabajo tuvo como objetivo aportar a la comprensión de las actitudes hacia el sistema político democrático por los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, enfatizando en la necesidad de abordar empíricamente la distancia entre la deseabilidad de la democracia como sistema de gobierno en abstracto y el escaso reconocimiento de su capacidad para resolver demandas y necesidades de la ciudadanía. Consecuentemente, nuestros datos permitieron dar cuenta de estas tensiones a través de las diferencias significativas de las actitudes en las distintas dimensiones entre sí y, en particular, entre la satisfacción con su funcionamiento y el apoyo más general al régimen y sus ideales.
Al respecto, Zovatto (2002) destaca que los latinoamericanos tendrían una concepción churchilliana de la democracia, meramente formalista, limitada a la existencia de varias opciones partidistas y elecciones y reconocida simplemente como el menos malo de los sistemas políticos conocidos. Esta definición parece consistente con los resultados de nuestro estudio y nos alerta sobre la necesidad de preguntarnos qué está entendiendo la ciudadanía por democracia cuando manifiesta explícitamente su apoyo.
Teniendo en cuenta estas tensiones, otro de nuestros objetivos fue estudiar el rol de un grupo de variables psicosociales y sociodemográficas en la explicación de actitudes de apoyo a la democracia en tres dimensiones diferentes: la preferencia por un sistema político democrático frente a alternativas no democráticas (concepción «churchilliana»), la democracia como ideal y la satisfacción con su funcionamiento.
Inicialmente, destacamos que algunos aspectos sociodemográficos resultaron relevantes, aun en presencia de otras variables actitudinales más específicas. Si bien el nivel socioeconómico no realizó el aporte significativo que postulábamos (H7), sí lo hizo el nivel educativo, apoyando nuestra H8. Esta variable -si bien superó las pruebas de colinelidad- es la que más se relaciona con el nivel socioeconómico (r=,68; p≤,001), de modo que parte del aporte de éste puede estar siendo solapado por el nivel educativo. En este sentido, los antecedentes señalaban la relevancia de la educación formal en el desarrollo de valores y actitudes favorables a la democracia tanto a nivel social (Castelló-Climent, 2008) como a nivel individual (Glaeser, Ponzetto & Shleifer, 2006; Corporación Latinobarómetro, 2013). Gleaser et al. (2006) explican esta relación por el efecto socializador del sistema educativo, a través del fomento de la participación cívica y ciudadana.
Por otra parte, la edad fue uno de los principales predictores de la valoración de la democracia como ideal. Si bien los antecedentes señalaban que ésta no sería una variable particularmente relevante (Latinobarómetro, 2013) o, alternativamente, tendría una relación inversa con ella (las personas de menos edad manifestarían actitudes más favorables) (Seligson, 2002), nuestro hallazgo -contradictorio con nuestra H9- podría explicarse -por lo menos de manera parcial- por aspectos contextuales. Esta dimensión indagaba acerca del reconocimiento de la democracia como sistema que permitiera el desarrollo del país y de sus ciudadanos y remitía implícitamente al posible impacto de otros sistemas políticos en estos ideales (i.e., sólo en un sistema democrático las personas pueden desarrollarse a plenitud). Teniendo en cuenta que la ausencia de una alternativa no democrática puede conllevar una pérdida de identidad y contenido del concepto mismo de democracia (Zovatto, 2002), es posible que en Argentina -donde las nuevas generaciones han sido socializadas en democracia- los más jóvenes reconozcan menos impacto que el sistema político efectivamente tiene en el desarrollo de una sociedad y, en consecuencia, de su ciudadanía. Por su parte, es posible que las personas de mayor edad puedan reconocerlo mejor, en tanto han vivido bajo regímenes autoritarios y conocen sus consecuencias. De cualquier modo, se trata sólo de una hipótesis que necesita de nueva evidencia empírica para sometarla a comprobación.
Otro elemento central de la vida democrática, la participación política, también impactó favorablemente en las actitudes hacia el sistema político. La participación partidaria y electoral predijo de manera positiva la preferencia por un régimen democrático y el nivel de satisfacción con su funcionamiento, aunque no la valoración del ideal democrático. El hecho de que estos sean los repertorios participativos más frecuentes en nuestro contexto (Sorribas et al., 2013), puede dar cuenta, en parte, de que sean estas, no otras, las acciones que alcancen significación estadística. Además, por su naturaleza convencional, es esperable que sea la participación en instancias formales la que se vincule positivamente con el apoyo al régimen democrátic, no aquella que implica la expresión de descontento (Uslaner, 2004). Respecto a su rol en la explicación de la satisfacción con el funcionamiento democrático, estudios previos señalan que quienes se involucran en instancias del sistema político tienen mayor percepción de eficacia política interna y externa -evalúan positivamente su capacidad de influir en el sistema y la capacidad de respuesta de dicho sistema político (Sorribas et al., 2013)- y, en concreto, una valoración más positiva del mismo (Uslaner, 2004). Resta preguntar acerca de si es el hecho de participar políticamente lo que contribuye a una valoración positiva de la democracia, o si es la evaluación positiva previa la que conduce a involucrarse políticamente. En cualquier caso, los resultados apoyan nuestra H4 respecto no sólo al impacto de la participación política en las actitudes hacia la democracia, sino también la mayor relevancia de acciones convencionales.
Por otra parte, la evaluación de los actores políticos fue uno de los predictores más relevantes de la dimensión de satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Estos resultados son consistentes con estudios clásicos en el área (Easton, 1975) donde el desempeño institucional es un aspecto relevante para las evaluaciones concretas, pero que no sería suficiente para explicar el apoyo difuso a un sistema en sí -entendido, en este caso, como la preferencia por un régimen democrático-. Sin embargo, esta variable también hizo un aporte significativo a la explicación de la valoración del ideal democrático, lo cual es consistente con estudios previos más recientes (Linde, 2002; Magalhaes, 2014). En suma, nuestros resultados -apoyando lo planteado en la H1- nos permitieron dar cuenta de la relevancia del desempeño de los actores del régimen político no sólo en las evaluaciones de funcionamiento del sistema, sino también en aspectos menos concretos, vinculados a los ideales democráticos. Además, nos permiten alertar acerca de los posibles efectos corrosivos sobre el régimen de su creciente evaluación negativa en términos de funcionamiento. De cualquier modo, estos aspectos no parecen generalizarse a un cuestionamiento del régimen en sí.
Otro aspecto vinculado al desempeño, la tolerancia a la corrupción política, fue -además del nivel educativo- el predictor que tuvo un rol significativo en los tres modelos. Este hallazgo es consistente con estudios previos (Pozsgai Álvarez, 2014) -y con nuestra H3-, que encontraban que quienes toleran más la corrupción tienden a confiar menos en el sistema político, principalmente cuando esto se da en contextos de alta percepción de corrupción como el argentino. Además, Rottenbacher y Schmitz (2012) encontraron que la tolerancia a comportamientos transgresores se relacionaba con el autoritarismo, variable que refleja un conservadurismo social y que, en la investigación previa, ha sido vinculada a la justificación del sistema sociopolítico vigente. Esto nos permite explicar que, en nuestra muestra, la tolerancia a la corrupción haya tenido un comportamiento similar a otras variables asociadas a ideologías conservadoras -también vinculadas a la justificación del orden social establecido-, como la adscripción a valores religiosos y el autoposicionamiento ideológico de derecha.
En el mismo sentido, entonces, la adscripción a valores sociales religiosos se relacionó negativamente con la preferencia por un régimen democrático y con la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, y los valores posmaterialistas lo hicieron positivamente con esta última y con la valoración de la democracia como ideal. En conjunto, los resultados son consistentes con lo que encontraron Pereira et al. (2001) e Inglehart (2003) y apoyan nuestra H5. Respecto a los valores posmaterialistas, Inglehart (1997, 2003) señala que los deseos de expresión y autonomía predisponen favorablemente hacia las instituciones y prácticas democráticas, mientras que, en relación con los valores religiosos, Pereira et al. (2001) señalan su vinculación específicamente con la preferencia a regímenes autoritarios y, además, que estudios previos han dado cuenta de su relación con una baja participación y desinterés por la política. Resta preguntar por qué razón estos valores no tuvieron relación significativa en la evaluación de la democracia como ideal. Respecto a ello, Canetti-Nisim (2004), en una muestra israelí, encontró que la religiosidad es un predictor del apoyo a los valores democráticos sólo a través de su vinculación con el autoritarismo. Así, sugiere que lo que hace que la religiosidad sea un motor para la negación de valores democráticos es la tendencia de personas con fuertes convicciones religiosas a convertirse en autoritarias. Consecuentemente, creemos relevante incluir esta variable en futuros estudios y controlar, además, la intensidad del sentimiento religioso.
Finalmente -refutando nuestra H6-, el autoposicionamiento ideológico predijo la preferencia por un régimen democrático, de modo tal que aquellos que se identificaban con posiciones más hacia la izquierda eran quienes tenían mayor preferencia por este sistema político. Si bien desde una perspectiva de justificación de sistema no esperábamos esta vinculación, sí se recogen antecedentes que daban cuenta de que esta variable se comportaba de modo similar a valores de tipo conservador y actitudes autoritarias (Brrusino, Imhoff et al., 2013; Zubieta et al, 2007) que sí se han relacionado en la literatura previa con preferencias por regímenes autocráticos.
Tomados en conjunto, estos resultados nos permitieron dar cuenta de las tensiones entre la creencia en la democracia como única forma de gobierno deseable y la percepción de la realidad de su implementación, marcadamente más negativa. Esto nos permite cuestionarnos acerca de los límites de la legitimidad de la democracia, pero evidenciando que, por lo menos desde el punto de vista de la ciudadanía, estos límites no parecen poner en riesgo la continuidad del sistema en sí mismo. En relación con ello, resultaría relevante la complementación de estos resultados tanto con abordajes longitudinales como con estudios cualitativos que puedan brindarnos información valiosa acerca de cómo se vinculan estas actitudes en la construcción de las nociones de legitimidad y vinculación con el sistema político.
De cualquier modo, este artículo presentó evidencia empírica acerca del rol de distintas variables psicopolíticas en la construcción de estas actitudes, siendo esto particularmente relevante en vistas de aportar a la comprensión de los procesos de construcción de apoyo a la democracia a nivel individual con indicadores adaptados localmente. En términos generales, nos permitió dar cuenta de que los aspectos evaluativos de la coyuntura no resultan inocuos respecto a las actitudes hacia el sistema político -aún en relación con aspectos menos concretos del sistema-, pero que también hay otros aspectos vinculados más directamente a la cultura política que tienen relevancia en la predicción de las mismas